Desde el pasado 1 de junio de 2007 es aplicable el Reglamento 333/2007 de la Comisión, de 28 de marzo de 2007, por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los niveles de plomo, cadmio, mercurio, estaño inorgánico, 3-MCPD y benzo(a)pireno en los productos alimenticios.
Este reglamento viene a actualizar los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de varios contaminantes en alimentos que antes estaban regulados en España mediante los siguientes Reales Decretos:
* Real Decreto 61/2005, de 21 de Enero de 2005, por el que se fijan los métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del contenido máximo de estaño en los alimentos enlatados
* Real Decreto 256/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se fijan los métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del contenido máximo de plomo, cadmio, mercurio y 3-MCPD en los productos alimenticios
* Real Decreto 1089/2005, de 16 de Septiembre de 2005, por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial del contenido de benzo(a)pireno en los productos alimenticios
El objetivo del Reglamento fue refundir las disposiciones existentes hasta el momento, previstas en las Directivas 2001/22/CE, 2004/16/CE y 2005/10/CE, en un único acto legislativo, dada la gran similitud que presentaban, quedando ahora bajo el marco del Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, tal y como se prevé en el apartado 4 de su artículo 11.
Este reglamento entró en vigor el 18 de abril y es aplicable desde el 1 de junio de 2007. En consecuencia, los Reales Decretos mencionados están derogados desde esa fecha y cabe destacar que toda la legislación comunitaria en materia de contaminantes pasa ya a estar en formato de Reglamento, por lo que es de aplicación directa en todo el territorio de la Unión Europea.
